Lunes, 26 de Noviembre de 2007
LA ONU ADMITIO UNA DEMANDA CONTRA EL ESTADO ARGENTINO POR NEGAR UN ABORTO AMPARADO POR LA LEY
El costo de no cumplir con el Código Penal
El caso de LMR causó conmoción en todo el país: una joven con discapacidad mental y violada que no pudo abortar en el sistema sanitario oficial pese a que la Corte bonaerense la autorizó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió explicaciones. La Cancillería argentina ya estudia la respuesta.
LA ONU ADMITIO UNA DEMANDA CONTRA EL ESTADO ARGENTINO POR NEGAR UN ABORTO AMPARADO POR LA LEY
El costo de no cumplir con el Código Penal
El caso de LMR causó conmoción en todo el país: una joven con discapacidad mental y violada que no pudo abortar en el sistema sanitario oficial pese a que la Corte bonaerense la autorizó. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió explicaciones. La Cancillería argentina ya estudia la respuesta.
Por Mariana Carbajal
El Estado argentino tiene que rendir cuentas ante la Justicia internacional por no haber garantizado el acceso a un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental que había sido abusada sexualmente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió para analizar un caso emblemático que conmovió al país un año y medio atrás: el de la jovencita LMR, quien a pesar de contar con un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que avaló su derecho a interrumpir la gestación forzada, no pudo acceder al procedimiento médico en ningún hospital público del país y debió recurrir al circuito clandestino con el apoyo del movimiento de mujeres. “Fue discriminada en el acceso a la salud reproductiva, se violó su derecho a la privacidad, a la intimidad y a acceder a un aborto seguro dentro del sistema de salud”, sintetiza la extensa presentación a la que tuvo acceso Página/12.
El de LMR “no es un caso aislado”: se enmarca en un “patrón de violaciones e impunidad”, por el cual numerosas mujeres sufren dificultades para acceder al aborto no penalizado en el país, advierte la denuncia elevada por tres organizaciones feministas. En la demanda, se responsabiliza al Estado argentino por la sucesión de violaciones de los derechos de la muchachita. Y se pide que el país sea condenado:
- A pagar una indemnización integral a LMR y su familia por los daños “moral y psíquico” sufridos.
- Que se le ordene al Gobierno “implementar protocolos hospitalarios que permitan viabilizar el acceso a un aborto legal y de calidad”.
- Y a “revisar el marco jurídico nacional respecto del aborto en general, para evitar que sean sancionadas penalmente las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado o forzado, situación que las lleva a someterse a abortos clandestinos que ponen en serio riesgo su vida y salud integral”.
La demanda es promovida por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario (Insgenar), la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Fue presentada en la sede del Comité de Derechos Humanos (CDH), en Ginebra, el 25 de mayo último. Llegó acompañada por una caja con más de cinco kilos de documentación de prueba, entre los que figuran artículos periodísticos del caso, muchos de ellos de Página/12. Recién acaba de ser aceptada.
El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. No todos los casos que recibe son investigados. En rigor, se rechaza la amplia mayoría. Pero el de LMR pasó el primer filtro y recibió una “preadmisión”, después de ser analizado por un grupo de cinco expertos independientes. Ahora el Estado argentino tiene seis meses para contestar la demanda, tarea en la que ya están trabajando asesores jurídicos de la Cancillería, que han pedido dictámenes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Subsecretaría de Justicia bonaerense, según pudo saber este diario.
Luego, el CDH se abocará a estudiar ambas posturas y dictaminará si el caso se admite definitivamente o no. Generalmente, los casos que pasan la preadmisión son finalmente aceptados y el Estado acusado termina siendo condenado. En un caso similar, de aborto no punible de Perú, el CDH encontró al Estado peruano culpable de violar los derechos humanos de una jovencita que no había podido acceder a una interrupción de embarazo avalada legalmente
El Estado argentino tiene que rendir cuentas ante la Justicia internacional por no haber garantizado el acceso a un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental que había sido abusada sexualmente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió para analizar un caso emblemático que conmovió al país un año y medio atrás: el de la jovencita LMR, quien a pesar de contar con un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que avaló su derecho a interrumpir la gestación forzada, no pudo acceder al procedimiento médico en ningún hospital público del país y debió recurrir al circuito clandestino con el apoyo del movimiento de mujeres. “Fue discriminada en el acceso a la salud reproductiva, se violó su derecho a la privacidad, a la intimidad y a acceder a un aborto seguro dentro del sistema de salud”, sintetiza la extensa presentación a la que tuvo acceso Página/12.
El de LMR “no es un caso aislado”: se enmarca en un “patrón de violaciones e impunidad”, por el cual numerosas mujeres sufren dificultades para acceder al aborto no penalizado en el país, advierte la denuncia elevada por tres organizaciones feministas. En la demanda, se responsabiliza al Estado argentino por la sucesión de violaciones de los derechos de la muchachita. Y se pide que el país sea condenado:
- A pagar una indemnización integral a LMR y su familia por los daños “moral y psíquico” sufridos.
- Que se le ordene al Gobierno “implementar protocolos hospitalarios que permitan viabilizar el acceso a un aborto legal y de calidad”.
- Y a “revisar el marco jurídico nacional respecto del aborto en general, para evitar que sean sancionadas penalmente las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado o forzado, situación que las lleva a someterse a abortos clandestinos que ponen en serio riesgo su vida y salud integral”.
La demanda es promovida por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario (Insgenar), la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Fue presentada en la sede del Comité de Derechos Humanos (CDH), en Ginebra, el 25 de mayo último. Llegó acompañada por una caja con más de cinco kilos de documentación de prueba, entre los que figuran artículos periodísticos del caso, muchos de ellos de Página/12. Recién acaba de ser aceptada.
El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. No todos los casos que recibe son investigados. En rigor, se rechaza la amplia mayoría. Pero el de LMR pasó el primer filtro y recibió una “preadmisión”, después de ser analizado por un grupo de cinco expertos independientes. Ahora el Estado argentino tiene seis meses para contestar la demanda, tarea en la que ya están trabajando asesores jurídicos de la Cancillería, que han pedido dictámenes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Subsecretaría de Justicia bonaerense, según pudo saber este diario.
Luego, el CDH se abocará a estudiar ambas posturas y dictaminará si el caso se admite definitivamente o no. Generalmente, los casos que pasan la preadmisión son finalmente aceptados y el Estado acusado termina siendo condenado. En un caso similar, de aborto no punible de Perú, el CDH encontró al Estado peruano culpable de violar los derechos humanos de una jovencita que no había podido acceder a una interrupción de embarazo avalada legalmente
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